Este 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, organizaciones advierten que en Ecuador las niñas siguen enfrentando violencia sistemática y abandono escolar, especialmente en áreas rurales. El 65% de jóvenes ha sufrido algún tipo de violencia en su vida, según el INEC.
Aunque Ecuador ha suscrito compromisos internacionales para proteger los derechos de la infancia, los desafíos persisten, sobre todo en contextos de vulnerabilidad. El Día Internacional de la Niña, establecido por Naciones Unidas, busca visibilizar los obstáculos estructurales que impiden a las niñas desarrollarse plenamente. En Ecuador, la violencia de género y el embarazo adolescente continúan afectando sus oportunidades de vida.
Según Plan International, las niñas en zonas rurales enfrentan barreras adicionales: menor acceso a servicios, exposición a entornos inseguros y abandono escolar prematuro. La falta de políticas efectivas y de recursos humanos capacitados limita la respuesta estatal.
El INEC reveló en 2024 que 65 de cada 100 mujeres jóvenes han vivido violencia. Esta cifra incluye maltrato físico, psicológico y sexual. Plan International y UNICEF coinciden en que las niñas están expuestas desde edades tempranas a situaciones de riesgo, tanto en el hogar como en espacios públicos. En comunidades rurales, el aislamiento dificulta las denuncias y el acceso a servicios. La violencia no solo vulnera derechos, sino que condiciona sus posibilidades educativas y sociales.
Abandono escolar y pobreza estructural
El abandono escolar sigue siendo más frecuente entre niñas de zonas rurales o de alta violencia. Tienen un 30% más de probabilidades de dejar la escuela, muchas veces debido a tareas domésticas impuestas, falta de transporte, o embarazos tempranos. Esto profundiza la exclusión social y las mantiene en condiciones de pobreza y dependencia. La falta de una red de apoyo estatal y comunitaria agrava la situación.
Si bien existen esfuerzos de ONGs y organismos internacionales, la respuesta del Estado es aún limitada. ONU Mujeres advierte que, aunque las tasas de embarazo adolescente han bajado ligeramente, la falta de educación sexual integral sigue siendo una deuda pendiente. Los programas de prevención no llegan con fuerza a todas las provincias. Las organizaciones piden una reforma urgente al sistema educativo y mayor inversión en protección infantil.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que en 2024, el 65% de las mujeres jóvenes en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia. Esta cifra incluye a niñas y adolescentes. Según Plan International, las niñas en zonas rurales tienen un 30% más de riesgo de abandonar la escuela.
UNICEF y ONU Mujeres señalan que la violencia física y emocional en el hogar, sumada al acoso en las calles, son los principales factores de riesgo. Además, alertan sobre la falta de profesionales especializados para atender a las víctimas. Aunque existen campañas como “Niñas Libres y Seguras”, estas no logran cubrir todo el territorio nacional. Las organizaciones coinciden en que sin recursos sostenidos y acciones estatales coordinadas, los avances serán marginales.
El Día Internacional de la Niña abre el debate sobre las acciones reales del Estado para proteger la infancia. Mientras ONGs y agencias internacionales insisten en políticas de largo plazo, el gobierno enfrenta críticas por la falta de inversión y planificación.
Los sectores sociales reclaman un enfoque interseccional que considere género, territorio y pobreza. Se han planteado reformas al currículo nacional para incluir educación sexual integral y derechos humanos desde niveles iniciales. También se discute el fortalecimiento del sistema de protección con personal capacitado, redes comunitarias y seguimiento a casos de violencia infantil.
En las próximas semanas, se espera la presentación de un informe del Ministerio de Inclusión Económica y Social sobre infancia en riesgo, así como una posible reforma a la Ley de Protección Integral. Sin embargo, activistas advierten que sin voluntad política y presupuesto, los cambios serán solo simbólicos. La prioridad, insisten, debe ser garantizar entornos seguros para cada niña, sin importar su lugar de origen.
