La escritora y docente Cristina Burneo denunció acoso laboral y violaciones a su libertad académica en la Universidad Andina Simón Bolívar. En lugar de investigarse sus acusaciones, fue sancionada por «afectar el honor» de los denunciados. Su caso refleja la violencia institucional que enfrentan muchas mujeres al denunciar.
Cristina Burneo Salazar es una reconocida escritora y académica feminista en Ecuador. En marzo de 2024, presentó denuncias formales contra tres colegas por acoso laboral y vulneración de su libertad académica. También denunció a otro profesor por un episodio de violencia de género ocurrido en 2001. Las denuncias fueron entregadas de forma confidencial a la Universidad Andina Simón Bolívar, pero uno de los denunciados accedió indebidamente al documento. En lugar de activar mecanismos de protección, la universidad permitió una contrademanda de los implicados, y posteriormente sancionó a Burneo. El caso ha puesto en debate la forma en que las universidades manejan denuncias internas, especialmente cuando involucran violencia de género y poder institucional.
El proceso disciplinario seguido contra Cristina Burneo ha sido cuestionado por juristas y activistas. A pesar de que sus denuncias eran graves, la institución priorizó la queja de los denunciados y omitió investigar con celeridad los hechos originales. En septiembre de 2024, el Consejo Académico resolvió que Burneo afectó el “honor” de sus colegas, exigiéndole una disculpa pública en 72 horas. La sanción fue emitida sin que se garantice un debido proceso ni la confidencialidad de la denunciante, generando preocupación por la protección de derechos fundamentales en el entorno académico.
Reacciones del movimiento feminista y sociedad civil.
El caso provocó una respuesta inmediata de colectivos feministas, académicas y organizaciones de derechos humanos. Diversas voces señalaron que este tipo de acciones institucionales desalientan a otras víctimas a denunciar, por temor a represalias. Campañas en redes sociales y comunicados públicos respaldan a Burneo, exigiendo que se respeten los marcos legales nacionales e internacionales que protegen la libertad académica y los derechos de las mujeres. Además, se ha señalado que la sanción a una denunciante envía un mensaje peligroso a toda la comunidad educativa.
Cristina Burneo, con el respaldo de su defensa legal, presentó una Acción de Protección, mecanismo constitucional que busca reparar derechos vulnerados por actos institucionales. La audiencia está prevista para el 10 de octubre. De obtener una resolución favorable, se podría revertir la sanción impuesta y abrir la puerta a una revisión profunda del tratamiento de denuncias por acoso en universidades. El caso ha generado atención internacional, y varias entidades están observando el desenlace como un precedente importante para futuras acciones en defensa de los derechos en el ámbito académico..
Una académica cercana al caso expresó: “Cristina está enfrentando un sistema que no protege a quien denuncia, sino que la castiga”. Desde una red de asesoría legal, se indicó que se han identificado varias irregularidades en el proceso disciplinario. “No se respetaron principios básicos como el debido proceso o la confidencialidad del denunciante”, señaló una abogada defensora. Por su parte, estudiantes de la UASB han mostrado su respaldo con declaraciones públicas, destacando el valor de quienes se atreven a denunciar.
El caso de Cristina Burneo se suma a otros similares en la región, donde académicas han denunciado represalias tras hacer públicas situaciones de violencia. Según la Red de Investigación Feminista, solo un 10% de casos de acoso laboral en universidades latinoamericanas reciben sanción efectiva. En Ecuador, el marco legal reconoce la violencia institucional como una forma de violencia de género, pero su aplicación efectiva sigue siendo limitada por prácticas patriarcales dentro de las estructuras educativas.
El caso ha desatado un debate sobre la falta de mecanismos eficaces y seguros para denunciar violencia de género en entornos universitarios. Mientras que defensoras de derechos humanos exigen reformas urgentes, autoridades académicas han evitado pronunciamientos públicos. Algunas voces dentro de la universidad sostienen que se siguieron los protocolos establecidos, aunque expertos cuestionan la imparcialidad del proceso. El debate gira en torno a qué debe primar: la protección institucional o los derechos de las víctimas.
La audiencia de Acción de Protección el 10 de octubre será clave para definir los próximos pasos. De ser favorable, podría abrir una revisión de protocolos en la UASB y en otras instituciones. Colectivos feministas continúan organizando foros y campañas para visibilizar el tema. El caso de Cristina Burneo no solo busca justicia individual, sino también transformar un sistema que históricamente ha silenciado a las denunciantes en el ámbito académico.
