Entre enero y noviembre de 2025, se han registrado 349 femicidios en Ecuador, la cifra más alta jamás documentada. Una mujer o niña es asesinada cada 22 horas. La mayoría de estos crímenes fueron ejecutados con armas de fuego. Organizaciones feministas exigen una respuesta estatal urgente con enfoque de género para enfrentar esta emergencia.

Violencia de género en tiempos de crimen organizado

Los femicidios en Ecuador 2025 confirman una realidad alarmante. El país enfrenta una ola de violencia letal contra mujeres y niñas en medio de un crecimiento acelerado del crimen organizado. Desde 2014, se han documentado 2.331 femicidios, pero este año marca un récord histórico.

A diferencia de años anteriores, la violencia ya no se limita al entorno íntimo o familiar. Hoy, las estructuras armadas criminales —bandas, mafias, grupos paraestatales— ejecutan asesinatos de mujeres como parte de estrategias de control y dominio territorial.

Cifras y patrones de los femicidios en Ecuador 2025

Del total de 349 casos, al menos 224 ocurrieron en contextos de crimen organizado. El 78% de los asesinatos se cometieron con armas de fuego. Además, se registraron 13 transfemicidios, y 40 víctimas eran niñas o adolescentes.

También se documentó que al menos 109 mujeres eran madres y 137 niños, niñas o adolescentes quedaron en orfandad. Las víctimas más jóvenes tenían 11 meses y la más adulta, 83 años.

Estos crímenes muestran patrones de saña, crueldad y exposición pública. El cuerpo de la víctima suele ser utilizado como mensaje violento, botín o castigo por parte de estructuras armadas.

Estado ausente y justicia sin reacción

Organizaciones como Fundación Aldea, Surkuna y Cepam denuncian la inacción estatal. Del total de víctimas, al menos 17 mujeres habían reportado antecedentes de violencia, 4 tenían boleta de auxilio y 7 denunciaron abuso sexual. Ninguna fue protegida de forma efectiva.

El 33% de los femicidios tuvo un vínculo sentimental previo entre la víctima y el agresor. Las colectivas feministas denuncian que no existe una política de prevención articulada, ni sistemas de protección que respondan a los niveles actuales de violencia.