La falta de atención médica oportuna ha causado la muerte de más de mil pacientes renales en Ecuador en tan solo dos meses. Clínicas privadas denuncian deudas millonarias del Estado, apagones y represalias que ponen en riesgo la vida de miles.
La crisis revela una alarmante fragilidad del sistema de salud pública.
Ecuador lleva años enfrentando problemas estructurales en su sistema de salud, especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas como la insuficiencia renal. El tratamiento con diálisis es vital para pacientes cuyos riñones no funcionan correctamente, y su interrupción puede ser letal. Actualmente, este servicio es prestado en gran medida por centros privados, que dependen de pagos del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, las deudas acumuladas han generado un colapso operativo.
Además, los frecuentes apagones dificultan el funcionamiento de las máquinas necesarias, lo que suma otra barrera al acceso al tratamiento. Aunque la situación ha sido advertida en años anteriores, no se han implementado soluciones efectivas, y la emergencia ha escalado a niveles alarmantes en los últimos meses.
Las clínicas privadas afirman que la deuda estatal de más de 260 millones de dólares ha comprometido su capacidad para operar con normalidad. El costo de mantener generadores durante los apagones se ha vuelto insostenible. A esto se suman represalias por parte de las autoridades, quienes habrían dejado de derivar pacientes a centros que denuncian la situación. Las clínicas, sin fondos ni recursos, se ven obligadas a suspender tratamientos, dejando a los pacientes sin su única opción para sobrevivir.
Las familias afectadas acusan al Estado de abandono. Cada muerte representa una historia truncada y una familia devastada. Testimonios de afectados revelan que muchas personas han fallecido esperando un cupo o trasladándose largas distancias sin garantía de tratamiento.
La angustia, el duelo y la impotencia se han vuelto parte del día a día para quienes dependen de la diálisis. Algunos han intentado comprar los insumos por su cuenta, pero el alto costo hace que sea imposible para la mayoría. Se estima que hay más de 10.000 pacientes renales en situación crítica.
El Ministerio de Salud aún no ha emitido un plan concreto para enfrentar la crisis. Mientras tanto, asociaciones médicas y de pacientes exigen que se declare emergencia sanitaria y se realicen pagos inmediatos a las clínicas. Organizaciones internacionales han empezado a poner atención en el caso, y se plantea la posibilidad de asistencia técnica y financiera. El silencio institucional ha generado críticas en redes sociales y protestas por parte de familiares.
“Mi padre murió esperando una sesión de diálisis. Nos dijeron que el centro no tenía cómo atenderlo”, relató una hija afectada desde Guayaquil.
Según Cristina Freire, representante de las clínicas, “la situación ya no es manejable. Estamos dejando morir a personas por falta de pago y de energía eléctrica”. Por su parte, trabajadores del sector salud denuncian que han sido amenazados con sanciones por hablar públicamente. Las voces coinciden en la gravedad del abandono estatal.
La Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador reporta más de 1.000 fallecimientos en solo dos meses por falta de tratamiento. El MSP adeuda 160 millones de dólares y el IESS otros 100 millones. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ecuador cuenta con más de 17.000 personas en tratamiento renal, de las cuales una parte significativa depende de centros externos al sistema público. Los apagones en el país han aumentado desde 2023.
La falta de atención a esta emergencia ha abierto un debate sobre el modelo de salud pública en Ecuador. Organizaciones sociales exigen reformas urgentes y transparencia en el manejo presupuestario. Sin embargo, autoridades argumentan que la crisis fiscal limita las soluciones inmediatas. El problema también revela una dependencia excesiva de servicios tercerizados sin una estrategia clara de sostenibilidad. La discusión se amplía hacia los derechos humanos, ya que se está vulnerando el derecho a la vida y a la salud.
Se espera que en las próximas semanas se instalen mesas de diálogo entre el gobierno, centros de salud y organizaciones de pacientes. También se han iniciado campañas para visibilizar el problema y exigir respuestas. La comunidad médica plantea alternativas como pagos parciales y mayor apoyo internacional. Mientras tanto, las familias siguen esperando una acción que evite más muertes. El tema seguirá siendo clave en la agenda pública durante 2026.
