El 8 de diciembre de 2025 se cumplió un año de la desaparición de cuatro adolescentes en Guayaquil, bajo estado de excepción. Colectivos sociales se movilizaron en Quito para exigir verdad, justicia y reparación. El proceso penal continúa en juicio.

En enero de 2024, el gobierno ecuatoriano declaró un “conflicto armado interno”, militarizando la seguridad. Bajo ese contexto, el 8 de diciembre de ese año, cuatro adolescentes —Steven Medina, Josué Arroyo, Ismael Arroyo y Nehemías Arboleda— fueron detenidos por uniformados en Las Malvinas, Guayaquil. Desde entonces, no se conoce su paradero. El caso generó indignación nacional y fue denunciado como desaparición forzada. El Estado ha sido señalado por omisión y abuso de poder.

Este 8 de diciembre de 2025, colectivos sociales, organizaciones de derechos humanos y cientos de personas marcharon en el centro histórico de Quito para recordar a los niños y exigir justicia. Con pancartas, tambores, fotografías y consignas, la ciudadanía acompañó a las familias en una jornada que combinó dolor, memoria y resistencia. El juicio contra los 17 acusados, en su mayoría miembros de la fuerza pública, ha iniciado, y se encuentra en la etapa de audiencia. Las familias piden que el caso sea reconocido como desaparición forzada y crimen de Estado.

La Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Surkuna y otros organismos han acompañado el proceso, advirtiendo que este caso marcará un precedente para el tratamiento de la violencia institucional en Ecuador. “La memoria no es venganza, es justicia”, se leyó en uno de los carteles frente al Palacio de Carondelet. Las organizaciones exigen reparación integral, atención psicosocial y garantías de no repetición, así como la desmilitarización de la seguridad en barrios vulnerables.

En un país atravesado por una grave crisis de violencia, el caso de los 4 de Las Malvinas ha conmocionado a la opinión pública y ha expuesto las consecuencias de la violencia estatal sobre niños y adolescentes. La ausencia de políticas claras de protección agrava la impunidad. Las familias, sin descanso, siguen luchando para que sus hijos no sean olvidados. En su memoria, reclaman un Estado que actúe con verdad, justicia y humanidad.